Contratos y secretos empresariales
Acuerdos de confidencialidad y protección del know-how
Un proyecto productivo puede requerir el intercambio de planos, especificaciones, costes e información sobre clientes antes de firmar el contrato principal. El acuerdo de confidencialidad, conocido también como NDA, permite regular esta fase. Su eficacia depende de la identificación de la información, de los usos permitidos y de la gestión efectiva de los accesos. El contrato se integra en la protección del patrimonio informativo de la empresa, regulada también por los artículos 98 y 99 del Código italiano de la Propiedad Industrial.
Cuándo el know-how es un secreto empresarial
El artículo 98 exige tres condiciones acumulativas. La información debe ser secreta respecto de los expertos y operadores del sector, tener valor económico por su carácter secreto y estar protegida mediante medidas razonablemente adecuadas. La valoración comprende también la combinación particular de sus elementos. Por ello, un procedimiento productivo o una configuración técnica pueden requerir un examen del conjunto, además de los datos individuales.
El apartado 1-bis, vigente desde el 23 de octubre de 2026, incluye expresamente datos, algoritmos y métodos matemáticos para entrenar sistemas de inteligencia artificial, siempre que concurran las tres condiciones. En cada proyecto debe determinarse qué elementos cumplen efectivamente los requisitos, quién ejerce su control legítimo y qué medidas preservan su confidencialidad.
Definir la información y los usos permitidos
El NDA establece obligaciones entre las partes y puede abarcar información confidencial más amplia que los propios secretos empresariales. Conviene precisar el proyecto, las categorías de materiales y cómo se identificarán las comunicaciones protegidas. Para las explicaciones orales puede preverse una confirmación escrita posterior dentro de un plazo acordado. Si ambas empresas comparten información, las obligaciones deben coordinarse en ambos sentidos.
La finalidad autorizada debe ser concreta, como evaluar una posible relación de suministro. Debe regularse si se permiten pruebas, copias o accesos de asesores y subcontratistas, con obligaciones coherentes para los destinatarios autorizados. La eventual facultad de explotar una tecnología o los resultados del proyecto requiere una regulación contractual específica.
Coordinar la firma con las medidas de protección
La gestión diaria debe permitir cumplir los compromisos asumidos. Los accesos individuales, las carpetas restringidas, las autorizaciones limitadas al personal implicado y las reglas de reenvío de archivos permiten controlar la circulación de la información. La indicación de confidencialidad ayuda a señalar su naturaleza, mientras que los registros de entrega y las versiones de los documentos permiten reconstruir lo compartido.
Las medidas deben ser proporcionales al valor y al contexto de la información. En una colaboración compleja conviene determinar quién autoriza nuevos accesos y cómo se gestionan los cambios de personal, los incidentes o las revelaciones exigidas por una autoridad. Estas decisiones aplican el contrato y ayudan a documentar el cuidado con el que se protege el patrimonio informativo.
Exclusiones y obtención lícita
El artículo 99 permite al poseedor legítimo prohibir la obtención, utilización y revelación ilícitas, preservando la obtención independiente. El artículo 3 de la Directiva (UE) 2016/943 considera lícitos, bajo determinadas condiciones, el estudio y desmontaje de productos disponibles al público o poseídos legítimamente, cuando no exista una obligación válida que limite dicha obtención. La regulación contractual de los análisis técnicos debe, por tanto, examinarse expresamente.
Al definir las exclusiones del NDA pueden regularse la información ya conocida por el destinatario, la que se haga pública sin incumplimiento y la desarrollada de forma independiente, precisando cómo documentarlas. Siguen siendo aplicables las revelaciones exigidas o autorizadas por la ley y las excepciones legales, incluidas las del artículo 5 de la directiva. Las cláusulas deben interpretarse junto con estos límites.
Un ejemplo hipotético de suministro industrial
Imaginemos que una empresa debe compartir los parámetros de un proceso con un posible proveedor para obtener un presupuesto. Antes del envío, las partes identifican los archivos y acuerdan que puedan utilizarse para preparar la oferta. El proveedor identifica a los técnicos autorizados y conserva las versiones recibidas en una carpeta de acceso restringido. El acuerdo regula la eventual participación de un laboratorio externo.
Si la negociación termina, la devolución de materiales, eliminación de copias y revocación de accesos se ajustan a lo pactado, teniendo en cuenta las obligaciones legales de conservación. Ante un uso controvertido, la secuencia de envíos, el contenido de los archivos y las obligaciones aceptadas ayudan a reconstruir los hechos. La calificación como secreto empresarial exige comprobar los requisitos del artículo 98 en el caso concreto.
Duración de las obligaciones y relaciones internacionales
El contrato debe distinguir el período de intercambio de información de la duración del deber de confidencialidad. Para información destinada a conservar su valor, un plazo breve puede dejar usos posteriores fuera de la obligación contractual. La protección legal del secreto depende de que se mantengan sus requisitos. La duración, la terminación y las obligaciones subsistentes deben, por tanto, regularse de forma coherente con el proyecto.
En las relaciones internacionales deben coordinarse también la ley aplicable, la jurisdicción y las versiones lingüísticas del acuerdo. Si la colaboración continúa, las licencias y los contratos de desarrollo y suministro deben regular adecuadamente la información ya intercambiada y los nuevos resultados. Esta coordinación permite gestionar la confidencialidad durante toda la relación comercial.
Fuentes y referencias
Artículo informativo preparado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. No sustituye la evaluación del caso concreto. La normativa y los criterios jurídicos deben comprobarse según la fecha y los hechos relevantes.